Los comisionados de los Derechos Humanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua instaron hoy a la región a unir esfuerzos para mitigar el impacto de la sequía y garantizar los alimentos a la población y, que, además, adopte acciones conjuntas para prevenir la migración infantil.
La escasez de agua ha impactado de manera “violenta y fuerte” en la producción agropecuaria de la región, dijo a Acan-Efe el procurador de los Derechos Humanos de Nicaragua, Omar Cabezas.
La disminución de las lluvias ha provocado “una reducción considerable de los granos básicos, del nivel de los ríos y del agua para consumo”, subrayó.
Cabezas instó a los países afectados y la comunidad internacional a tomar “los planes de acción adecuados” para afrontar el impacto de la sequía en la alimentación de 120,000 familias en Honduras, 96,000 en El Salvador y 100,000 en Nicaragua.
Destacó que en el caso particular de Nicaragua, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de emergencia, que incluye la distribución de alimentos a más de 40,000 familias de unos 35 municipios del norte, centro y occidente del país.
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN RIESGO
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, coincidió con Cabezas señalando que el descenso en el abastecimiento de comida puede “impactar en el derecho a la alimentación” en la región.
Los Gobiernos “tienen la obligación de generar medidas de emergencia que puedan solventar cualquier situación de hambruna o falta de acceso de alimentos de parte de las comunidades más vulnerables” ante la sequía, causada por el fenómeno climático El Niño, señaló.
La sequía que azota a Centroamérica, principalmente a Honduras, El Salvador y Nicaragua, amenaza la subsistencia de alrededor de 10 de sus 42.5 millones de habitantes, según cifras oficiales.
Morales señaló que los defensores de los pueblos vigilarán que “no haya pasividad de los Gobiernos” ante los efectos de la sequía y que la población afectada reciba el apoyo necesario.
Los defensores de los pueblos, que hoy se reunieron en Tegucigalpa, abogaron también porque los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador, adopten estrategias conjuntas para prevenir la migración infantil ilegal de estos países a Estados Unidos.
Morales indicó que la región ha “aumentado la voluntad por articular las redes consulares”, pero debe “redoblar esfuerzos” para fortalecer los sistemas de protección a la población migrante.
“No basta con nada más fortalecer los sistemas, deben haber políticas sociales que vayan sacando de la exclusión social a las comunidades y más oportunidades”, enfatizó.
COMBATIRÁN LA MIGRACIÓN DE LOS MENORES
Centroamérica debe crear un plan orientado a combatir las causas que originan la migración de menores, dijo a Acan-Efe, por su parte, el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera.
Los Estados deben “esforzarse por crear mejores condiciones de vida y de trabajo” para que miles de personas desistan de emigrar ilegalmente a Estados Unidos.
Herrera aplaudió “el proceso de negociación” iniciado en julio pasado por Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos para afrontar juntos las causas estructurales de la migración forzada.
La violencia en todas sus dimensiones, el narcotráfico, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y la reunificación familiar son algunas de las razones por las cuales los menores centroamericanos deciden emigrar a EEUU, según autoridades de la región.