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PDDH conmemora el 25 Aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña con un foro departamental

Desktop4La Procuradora Especial de la Niñez y Adolescencia, Martha Toruño, participó en el foro departamental: “25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña”, donde abordó el trabajo en defensa y promoción desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

La actividad se realizó en el Hotel Volcano de Chinandega en que los niños, niñas y adolescentes de las escuelas públicas, fueron los invitados especiales. También participaron funcionarios del Juzgado de Distrito de Justicia Penal de Adolescentes, miembros de la Policia Nacional, la juez tutelar del Juzgado de Niñez y Adolescentes, Vida Mercedes Icaza, así como el delegado territorial de la PDDH, Francisco Samayoa.

La Procuradora Especial, durante su intervención explicó que la Convención, firmada en 1989, significó un cambio mundial para la niñez, ya que en tiempos pasados los niños no se consideraban personas sino objetos que tenían dueños,  “por ello la Convención trajo consigo un enfoque especial de protección, seguridad y participación a toda persona menor de 18 años que se considera niña, niño o adolescente”.

“Nuestra responsabilidad hoy en día es que la niñez se apodere de sus derechos  para crear una sociedad completamente libre de violencia”, agregó Toruño.

Sin embargo, aùn cuando este instrumento internacional ha permitido que los  derechos de la niñez y adolescencia ocupen a diversas organizaciones, y a los Estados mismos, continua actos y acciones que violentan a la niñez.  La Procuradora dijo que el castigo físico y humillante es un delito que aún no se visibiliza, ya que esta arraigado en la sociedad que se mira como un trato normal cuando no lo es.  

La Convención es el instrumento de derechos sobre niñez más aceptado  a nivel mundial, ésta cuenta con un organismo que da seguimiento al cumplimiento de estos derechos tal es el caso del Comité de los Derechos del Niño, instancia al que Nicaragua presenta un informe cada 5 años.